La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a personas físicas deudoras renegociar sus deudas o eliminar parte de las mismas. Está pensado para que aquellos que se encuentran en estado de insolvencia no queden fuera del sistema. Es decir, que tengan la posibilidad de volver a comenzar sin acumular sus deudas eternamente, que tengan la oportunidad de empezar de nuevo.

Se trata de un procedimiento que se equipara al concurso de acreedores dirigido a las empresas. En este caso va destinado a las personas físicas y es un procedimiento que se compone de distintas fases: acuerdo extrajudicial, concurso de acreedores, fase de liquidación y solicitud de la exoneración de sus deudas (exoneración del pasivo insatisfecho).

Una de las grandes ventajas y novedades que se incorpora con la ley de segunda oportunidad es que, desde el momento de presentación y admisión, se paralizan todas las medidas ejecutivas, y por lo tanto, los deudores dispondrán de un tiempo en el que no sumarán intereses y tendrán la tranquilidad de no ser embargados.

El objetivo principal es ofrecer la oportunidad de eliminar sus deudas a aquella persona física, ya sea particular o autónomo, para que pueda superar una mala situación económica. Pero esto no quiere decir que se vaya a librar de buenas a primeras de los pagos que debe asumir, ya que la ley también protege los derechos de cobro de los distintos acreedores.

Es cierto que para acogerse a esta ley se han de cumplir una serie de requisitos:

- Justificación que pruebe que el deudor se encuentra en situación de insolvencia y no puede hacer frente a sus deudas.

- Las deudas deben haber sido contraídas actuando de buena fe. Se entiende que es deudor de buena fe el que no incurre en ninguno de los casos del artículo 487 de la Ley Concursal. Como por ejemplo, haber sido condenado en los últimos diez años por delitos económicos o patrimoniales contra administraciones públicas, o haber sido calificado culpable en un concurso de acreedores.

-Asimismo, el deudor no puede haberse acogido a este procedimiento en los últimos cinco años con liquidación de la masa activa, o en los últimos dos años mediante plan de pagos.

- Se exige que existan deudas con al menos dos acreedores diferentes. 

Como podemos observar, se trata de un procedimiento que nos ofrece muchas ventajas frente a la situación de insolvencia, ya que además de la cancelación de las deudas existentes, durante el proceso también se suspende el pago de deudas, se paralizarán los intereses y recargos, así como también se interrumpen las ejecuciones y embargos.

Por otro lado, se delimita y define hasta donde llega la exoneración de las deudas públicas, extremo que no quedaba definido con la antigua ley. Ahora es posible eliminar hasta un máximo de 10.000 euros de deuda con la Seguridad Social y otros 10.000 euros con Hacienda. El resto de deuda con ambos organismos por encima de los 10.000 euros deberá incorporarse a la propuesta del plan de pagos.

Y finalmente, no quisiera acabar esta reseña sin comentar un asunto que siempre preocupa como es el del patrimonio del deudor y especialmente qué sucede con la vivienda habitual.

En este caso, con la nueva redacción de la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor dispone de dos opciones, o bien cancelar totalmente sus deudas y liquidar por completo su patrimonio, o por el contrario mantener la vivienda aceptando una quita de deuda, comprometiéndose a satisfacer el resto de deudas con un plan de pagos.

Así pues, el deudor podrá excluir de la liquidación su vivienda, beneficiándose de una quita de deuda determinada por el juez, a cambio de cumplir con el pago del resto de las obligaciones y deudas no exoneradas a través de un plan de pagos con una duración de entre 3 a 5 años.